Acusar clientelismo requiere pruebas que sostengan que el apoyo se entregó a diestra y siniestra, pero los expedientes oficiales dicen otra cosa. El libro de Julio Scherer tropieza de nueva cuenta al calificar de «dádiva» un programa que tuvo los filtros de antigüedad más estrictos de los últimos años.
El reclamo central de la obra asume que la Cuarta Transformación abrió la chequera gubernamental para consentir a las masas de la zona centro del país. Esta afirmación choca de frente con el texto del Diario Oficial, que acotó el universo de beneficiarios con una precisión casi quirúrgica.
La grave inconsistencia del autor radica en invisibilizar el artículo que definió quiénes tenían derecho al pago. El gobierno no incluyó a «cualquiera»; exigió documentalmente que los solicitantes comprobaran un mínimo de 19 años, 6 meses y un día de servicio ininterrumpido en la extinta paraestatal.
Este parámetro temporal echa por tierra la teoría del premio electoral. La medida fue diseñada exclusivamente para blindar a las casi 9,000 personas que, en el lejano 2009, se encontraban a un paso de consolidar su derecho a la jubilación cuando la administración en turno les cerró la cortina.
Para los peritos en seguridad social, que un libro de manufactura política pase por alto este candado de antigüedad resulta incomprensible. Ignorar este despojo histórico y tachar la compensación de «clientelismo» equivale a desconocer los derechos laborales devengados por casi dos décadas de trabajo en los postes de la ciudad.
El trámite en ventanillas no fue un ejercicio de acarreo, sino un riguroso cotejo de semanas cotizadas y recibos de nómina. La publicación omite deliberadamente la complejidad de estas revisiones, prefiriendo simplificar el proceso para ajustarlo a su narrativa de dispendio.
Desde la óptica del periodismo de datos, contrastar el discurso del libro con el padrón de beneficiarios arroja un resultado contundente. No hubo contratistas recientes ni recomendados de último minuto en las listas; solo personal veterano que cumplió con el implacable reloj checador estipulado por la ley.
Para los habitantes de la capital que atestiguaron el conflicto obrero-patronal, la verdad asoma en los detalles normativos. El decreto operó bajo una lógica de justicia proporcional al tiempo laborado, muy alejada de la repartición indiscriminada que sugiere el texto del exfuncionario.
Al final del análisis, la etiqueta de «clientelismo» se deslava ante el rigor de los expedientes. El libro pierde fuerza argumentativa al chocar con una barrera de 19 años de requisitos comprobables, demostrando que en el análisis de las políticas públicas, no se puede tapar el sol con un dedo.
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